En los LIV COLOQUIOS HISTÓRICOS DE EXTREMADURA, celebrados en Trujillo del 22 al 28 de septiembre de 2025, participé presentando la comunicación titulada “Historia de los Enterramientos en Madrigalejo”. Preparando el trabajo, me topé con un caso curioso que tuvo lugar en nuestra localidad y que nos da idea de cómo, a veces, un suceso cuanto menos llamativo puede favorecer el cumplimiento de leyes que rompen con la tradición y suponen un avance en las libertades sociales. Una vez publicadas las actas de los Coloquios, traigo, hasta Luz de Candil, ese acontecimiento, porque es parte de nuestra historia.
Antiguos enterramientos
Desde la construcción de
nuestra iglesia parroquial en el S.XVI hasta el S. XIX, los difuntos eran
enterrados dentro del templo, aunque a veces también se inhumaron en el
“atrio”, es decir, en el espacio exterior inmediato a la puerta principal o de
poniente. Cuando en el interior de la iglesia faltaba sitio para nuevos
enterramientos, se procedía a sacar los restos de las sepulturas más antiguas y
esos huesos se depositaban en el osario. Es lo que se llamaba “hacer mondas”.
Con la llegada de la
Ilustración en Europa (S.XVII y XVIII), sus pensadores tuvieron muy en cuenta
los problemas sanitarios que caracterizaban a la sociedad de su época. Entre
los problemas sanitarios que plantearon los ilustrados españoles como
Jovellanos o Valentín de Foronda, se encontraba la insalubridad que suponían
los enterramientos de cadáveres en el interior de las iglesias y en sus atrios,
una preocupación que aumentó al producirse mortalidades en diferentes lugares
achacadas a los malos olores de los cadáveres sepultados en los templos. A
partir de entonces empezaron a proponer la necesidad de construir cementerios
alejados de las poblaciones y, con el tiempo, se sustanció en la promulgación
en 1787 de la Real Cédula sobre el Restablecimiento de la Disciplina de la
Iglesia en el uso y construcción de cimenterios, según el ritual romano.
A pesar de la
promulgación de esa ley, en las respuestas de las autoridades locales al
interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura de 1791, se pone de
manifiesto que, en nuestra región, los enterramientos no cumplían las
condiciones que establecía la legislación (fuera de las poblaciones, en sitios
ventilados e inmediatos a las parroquias y distantes de las casas de los
vecinos). Sólo en 22 localidades extremeñas se había realizado algún tipo de
diligencia en este sentido. La visita de la Real Audiencia a Madrigalejo fue
realizada por D. Pedro Bernardo Sanchoyerto el 2 de marzo de 1791 y, en el
interrogatorio, las autoridades civiles respondieron que en el lugar no hay
zementerio, ni necesidad de él, y el cura rector también lo hizo en el
mismo sentido: aquí no hay zementerios ni se advierte necesidad de ellos por
ser vastante capaz la Yglesia para su vecindario.
Construcción del
cementerio viejo
El tiempo pasaba y
los difuntos seguían enterrándose en el templo parroquial, hasta que, el 23 de
agosto de 1820, las autoridades municipales recibieron una notificación del
Jefe Político de la Provincia de Extremadura instando a la construcción de un
cementerio y prohibiendo las inhumaciones en el interior de la iglesia bajo
pretexto ni motivo alguno.
Inmediatamente se
procedió a su construcción en un terreno propiedad de la parroquia fuera del
casco urbano, junto al lugar donde estuvo la ermita de San Gregorio. Hoy aquel
solar está en el interior de la población, en la manzana acotada por las calles
Badajoz, Pizarro, Alonso de Ojeda y Avda. de Villanueva de la Serena. Para su
construcción, se llevaron 160 carros de piedras procedentes de la arruinada
ermita de San Sebastián.
La propiedad del
camposanto era de la Iglesia Católica, pues se había construido en sus terrenos
y la parroquia había sufragado las obras. Sin embargo, los tiempos estaban
cambiando y se iban abriendo paso ideas reformistas y anticlericales. Así en
1871, se legisló para habilitar espacios donde dar sepultura a las personas que
fallecieran fuera de la religión católica. Atendiendo a esta Real Orden, el
Ayuntamiento de Madrigalejo había procedido en el mes de septiembre de ese año
a arrayar, para los enterramientos civiles, una parte segregada del único
cementerio que existía en el lugar. Aquel espacio se había señalado únicamente con
2 o 3 piedras rodaderas, y las autoridades no habían vigilado que fuera respetado
esa área para el fin señalado. Por esa razón la parte segregada se fue ocupando
sucesivamente por enterramientos de difuntos católicos. Además, el Ayuntamiento
no tuvo en cuenta otra Real Orden de 28 de febrero de 1872, en el que se
disponía que, en los cementerios ya existentes, éstos se ampliarían tomando
parte del terreno contiguo para enterrar a los difuntos que no pertenecieran a
la religión católica, y esa parte estaría rodeada de un muro y el acceso debía
realizarse por una puerta especial e independiente del cementerio católico.
Caso de la niña que debía
enterrarse en el cementerio civil
El 18 de julio de 1874 se
convocó pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria. En sus actas aparece
escrito que se había mandado un oficio de la alcaldía al cura párroco
solicitando la llave del cementerio para dar sepultura al cadáver de la niña
Antonia, hija de D. Santiago Sánchez Ramos, que había fallecido fuera de la
religión católica. La respuesta del párroco fue que no podía acceder…
…
a entregar la citada llave por estarle civil y canónicamente prohibido;
civilmente porque hay una disposición superior, no derogada hasta el día, en la
que se dispone que los que profesan Religión distinta de la Católica sean
enterrados en cementerio aparte, sin que tenga común ni aun la entrada, (…); y
canónicamente, porque lo prohíbe la Iglesia expresamente, y tanto es así que,
ya en el cementerio, que ya voluntaria ya involuntariamente es enterrado un
cadáver de distinta Religión, no vuelve a poderse enterrar en él ningún
católico, y que cree que la razón aconseja que no se debe desposeer a mil por
dar forzosamente lo que no es suyo, y otras varias consideraciones que expone
en favor de su derecho.
Por ello se acordó que se
diera sepultura a la niña en un lugar contiguo al cementerio que existe y donde
señalarían previamente los concejales designados para el caso.
Al día siguiente, 19 de
julio, antes de salir el sol, la comisión nombrada por el Ayuntamiento para
ello, junto con el abuelo materno, acudieron al sitio señalado, reconocieron el
terreno que debían acotar y donde después se edificaría el cementerio civil,
fijaron el lugar donde abrir el sepulcro para la niña y se procedió a hacerlo.
Al abuelo se le ofreció la promesa de construir un nicho que diese seguridad y
decencia al enterramiento mientras se levantaba el muro. El padre de la niña
también habría estado de acuerdo, pues se había ofrecido a facilitar ladrillos
y cal para la fábrica del nicho.
Pero algo no debió salir
como se esperaba, pues el 24 de julio, reunido de nuevo el pleno del
ayuntamiento, se dio cuenta de que la niña no había sido enterrada en el lugar
designado por las autoridades y convenido con la familia, y donde se había
abierto la fosa. Además, de pública voz se decía que el cadáver de la niña
había sido enterrado por su padre en su propio domicilio, dentro del casco
urbano de la población. Por ello se citó a D. Santiago Sánchez Ramos, padre de
la criatura, para que acudiera al pleno. Aunque éste acudió a la cita, se negó
a contestar a ninguna pregunta hasta que no fuera convocado convenientemente.
Se le volvió a citar con atento oficio, en sobre cerrado, y le fue entregado
por el alguacil. Compareció de nuevo D. Santiago al poco rato, se le preguntó
por qué no había depositado el cadáver de su hija en el lugar acordado y
respondió:
… porque no habiéndole sido notificado ni
comunicado legalmente el acuerdo, esta es la hora en que todavía no sabe ni lo
que el Ayuntamiento acordó ni sitio ni nada de lo que se le pregunta.
También
le preguntaron dónde había colocado el cadáver. Contestó que ya lo había puesto
en conocimiento del Juez de Primera Instancia y del Gobernador Civil de la
provincia, a quienes podían haber recurrido el Sr. alcalde y el Ayuntamiento
para saber que el cadáver estaba depositado en su propia casa.
Y
todo fue porque, al querer pedir al alcalde sitio donde enterrar a su niña, la
autoridad se negó a escucharle verbalmente y le dijo que hiciera la petición por
escrito. El hacer la solicitud por escrito hacía que se dilatara la resolución
en el tiempo y urgía prisa por estar el cadáver en descomposición por el tiempo
transcurrido y por el excesivo calor que estaba haciendo en esos días. Además,
para cursar la solicitud, debía hacerlo en papel sellado y, aquel día, no había
papel del sello en el estanco del pueblo ni en el del inmediato pueblo de
Acedera, por lo que no había podido presentar el escrito.
Ese
mismo día 24 de julio tuvo que reunirse de nuevo la corporación municipal de
noche, porque se había recibido una orden del Gobierno Civil para que se diese
sepultura al cadáver de la niña. A continuación, la misma noche, se remitió al
Gobierno Civil copia certificada de lo acordado en el pleno, en el que se
expusieron las disposiciones que se habían tenido presentes para obrar según se
había hecho. En cuanto al levantamiento del cadáver, el Ayuntamiento alegó que
estaba fuera de sus atribuciones y porque, según la legislación, no se podía
desenterrar un cadáver mientras no pasaran dos años, por ello acordaron
suspender todo procedimiento hasta nueva orden.
Lo siguiente que sabemos lo encontramos en la sesión de plenos del 13 de septiembre del mismo año, en el que se aprueba la construcción de un nuevo cementerio contiguo al católico ya existente, con cuya medida se evitarían conflictos como el sucedido con el de la niña de Santiago Sánchez Ramos. Se eligió un terreno baldío junto al cementerio y al este, tomando parte de la vía pública. Se acordó rodearlo de una cerca de piedra y con separación completa del camposanto católico.
Conclusión
Con esta historia hemos
visto cómo puede enconarse una situación por falta de previsión y no cumplir lo
legislado, por cuestiones de índole burocráticas y por falta de sensibilidad. A
mí, se me ocurre pensar en la madre de la criatura, en cómo viviría esa
situación, cómo lloraría, no ya la muerte de su hija que sería el mayor dolor,
sino por el agravante de no dar descanso a su cadáver. Gracias a casos como
éste se fueron haciendo las cosas como debían hacerse y se rectificaron los
errores.
Guadalupe Rodríguez
Cerezo
BIBLIOGRAFÍA
-Interrogatorio de la
Real Audiencia de Extremadura. Visita al Partido de Trujillo por el magistrado
Sanchoyerto de la Audiencia Territorial de Cáceres. 1791.
-M. GRANJEL y A. CARRERAS
PANCHÓN. “Extremadura y el debate sobre la creación de cementerios: un problema
de salud pública en la ilustración”. Norba. Revista de Historia. ISSN
0213-375X, Vol. 17, 2004.
-G. JORI. “La política de
la salud en el pensamiento ilustrado español. Principales aportaciones
teóricas”. XII Coloquio Internacional de Geocrítica. Bogotá, mayo de
2012.
-L. RODRÍGUEZ AMORES. Crónicas
Lugareñas. Madrigalejo. Badajoz, 2008.
FUENTES
Archivo Municipal de
Madrigalejo. Libro de actas. Sig. 01.01.02.01. 00016; Sig. 17.14.
Archivo Parroquial de
Madrigalejo. Libros de Fábrica.
Novísima Recopilación de
las Leyes de España. Tomo I, Libro 1º, Título 3º, Ley I, apartado 5.
